Varias organizaciones representativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil han rechazado la propuesta de una ley de amnistía que equipare su labor durante el referéndum independentista de Cataluña en 2017 con la implicación de los condenados o imputados por su participación en el proceso independentista. JUPOL ha calificado esta equiparación como indecente, mientras que el SUP critica que se ponga en el mismo plano a quienes incumplieron la ley y a los servidores públicos. La CEP denuncia que se utilice a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para justificar una amnistía a políticos condenados por delitos como la sedición. Estos sindicatos policiales reaccionan así a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, quien defiende una ley de amnistía que considere constitucional absolver a los que pusieron urnas y a los agentes de autoridad procesados. Los sindicatos policiales sostienen que los agentes que actuaron en el referéndum actuaron según la legalidad y las órdenes del Gobierno y la Justicia, por lo que no deberían recibir amnistía. También rechazan cualquier medida que incentive la impunidad de los delincuentes y muestran su preocupación de que las Fuerzas de Seguridad puedan ser moneda de cambio en negociaciones políticas. La propuesta de amnistía ha generado decepción y desmotivación entre los guardias civiles, que sienten que están siendo utilizados como moneda de cambio en Cataluña.
Agentes de policía rechazan una amnistía que equipare su actuación en el 1-O con aquellos que violaron la ley
