Aprobada Proposición de Ley sobre Representatividad Agraria en Castilla-La Mancha
En un importante avance legislativo, el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado una Proposición de Ley que definirá la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias. Esta normativa ha conseguido el respaldo de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, mientras que Vox ha mostrado su reprobación durante las deliberaciones.
El diputado socialista Antonio Sánchez Requena, al defender la iniciativa, resaltó el consenso y el diálogo alcanzados entre los principales partidos. «Para poder ir de la mano hay que practicar mucho el diálogo», afirmó, subrayando que la Ley se basa en criterios de igualdad. De este modo, todas las organizaciones que busquen representatividad deberán cumplir las mismas condiciones. Además, enfatizó que esta propuesta respeta lo estipulado en la Constitución y que es fundamental dar voz a los ciudadanos a través de entidades reconocidas.
Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Vox criticó la Ley, calificándola de «maniobra torticera» orquestada por PSOE y PP. Argumentó que no garantiza adecuadamente la representatividad del sector agrario y exigió la realización de elecciones en el campo en un plazo de dos años. Vox también ha solicitado la suspensión del trámite de la Proposición, argumentando la necesidad de una audiencia pública y un dictamen del Consejo Consultivo.
Desde el PP, el diputado Santiago Lucas-Torres destacó que la Ley responde a las reales necesidades del sector, alejándose de intereses políticos. Reiteró que «sin campo no hay alimentos», reafirmando así el compromiso de su partido con una representación agraria legítima y profesionalizada.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, calificó la aprobación de esta Ley como un «paso firme y necesario» para modernizar el diálogo entre el sector agroalimentario y la administración. Detalló que la normativa llena un vacío legal que ha perdurado por más de 45 años, asegurando un proceso claro y adaptado a la realidad del sector en la región.
Con esta aprobación, Castilla-La Mancha se convierte en la primera comunidad autónoma en regular la representatividad agraria, estableciendo un precedente para mejorar la claridad y certidumbre en las relaciones entre las organizaciones agrarias y la administración.
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