El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado la decisión de permitir que empresas privadas gestionen las obras de ampliación y mejora de las infraestructuras de agua potable en la región. Este paso se ha dado con la aprobación en el Consejo de Gobierno de los procedimientos necesarios para llevar a cabo esta iniciativa en cuatro sistemas específicos.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, explicó que la situación actual de los sistemas de abastecimiento de agua potable en la región es frágil, ya que en muchos de ellos solo existe un punto de toma de agua bruta. Ante cualquier daño en ese punto, no habría alternativas de abastecimiento disponibles, lo que subraya la necesidad urgente de inversiones para mejorar la resiliencia de estas infraestructuras.
El proyecto requiere una inversión de más de 100 millones de euros y se han identificado 85 acciones necesarias para garantizar un mantenimiento adecuado y fortalecer la infraestructura. La consejera aclaró que esta iniciativa no implica una privatización del servicio, sino una concesión administrativa similar a la de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV).
Se espera que el proceso de recopilación de informes necesarios para proceder con las concesiones tarde entre 18 y 24 meses. Las empresas privadas estarán encargadas de las obras, pero el Gobierno de Castilla-La Mancha mantendrá un rol supervisor para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos.
Además, el Consejo de Gobierno autorizó la contratación de un servicio de operación, mantenimiento y conservación de los sistemas de abastecimiento, así como un presupuesto para el suministro de energía renovable mediante instalaciones de paneles fotovoltaicos.
En resumen, esta iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha busca mejorar la eficiencia y garantizar un servicio estable y de calidad para los ciudadanos de la región al integrar a empresas privadas en la gestión de sus infraestructuras de agua potable.
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