Castilla-La Mancha Aproba Subvenciones de 71,1 Millones para Personas con Discapacidad
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo en la atención a personas con discapacidad al aprobar una convocatoria de subvenciones dotada con 71,1 millones de euros. Esta iniciativa está dirigida a entidades sociales y corporaciones locales que desarrollan programas destinados a este colectivo, beneficiando a más de 12.000 familias en toda la región.
La convocatoria se llevará a cabo bajo un régimen de concurrencia competitiva, y está dirigida a más de 140 entidades que implementarán casi 300 programas en diversas localidades, incluidas aquellas de menor población. Este esfuerzo busca fortalecer una red que garantice la igualdad de oportunidades y una atención cercana para todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, subrayó que esta propuesta refleja el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con las personas con discapacidad. La medida no solo pretende mejorar la calidad de vida de este grupo, sino que también colabora estrechamente con entidades del Tercer Sector, asegurando así la estabilidad del empleo y el apoyo vital a las familias.
Además, este año se ha incrementado el presupuesto en 5,1 millones de euros en comparación con el año anterior, resaltando el compromiso del gobierno regional con la estabilidad en el sector de la discapacidad. Desde 2015, el presupuesto de esta convocatoria ha crecido un 77%, pasando de 40,3 millones a 71,1 millones de euros en 2025.
La inversión en recursos para la discapacidad en Castilla-La Mancha también ha aumentado considerablemente, alcanzando 157 millones de euros anuales, en comparación con 97,5 millones en 2015. Las subvenciones cubrirán el mantenimiento de centros y servicios como centros ocupacionales, servicios de día y viviendas con apoyo, además de programas que promueven la autonomía personal y la integración sociolaboral.
Este aumento significativo en la inversión asegura que los recursos administrados por el Tercer Sector y las entidades locales mantengan su continuidad, garantizando una atención integral, cercana y de calidad para las personas con discapacidad en toda la región.
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