El Gobierno impulsa una reforma histórica en derechos de discapacidad y atención a la dependencia
En una sesión decisiva, el Consejo de Ministros ha aprobado una significativa reforma legislativa centrada en los derechos de las personas con discapacidad y en la atención a la dependencia. Este proyecto de ley actualiza la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Fondos para el Sistema de Atención a la Dependencia
El Gobierno también ha autorizado la distribución de 783,2 millones de euros entre las comunidades autónomas con el fin de potenciar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Castilla-La Mancha será una de las beneficiarias, recibiendo 40.189.491 euros para fortalecer su sistema de atención a la dependencia.
Claves de la reforma
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha calificado esta reforma como la acción más trascendental de la legislatura, haciendo un llamado a la unanimidad parlamentaria. Según Bustinduy, un voto en contra impactaría negativamente a 4,2 millones de personas con discapacidad y a 1,6 millones en situación de dependencia.
Entre las modificaciones más notables se encuentra el reconocimiento automático del 33% de discapacidad para quienes tengan un grado I de dependencia, así como la posibilidad de alcanzar el 65% para los grados II y III. Esta iniciativa también tiene como objetivo eliminar barreras en el patrimonio cultural e histórico y modificar incompatibilidades en prestaciones.
Nuevos derechos y servicios
La reforma expande el servicio de ayuda domiciliaria, permitiendo que los cuidadores acompañen a los beneficiarios en actividades externas. La teleasistencia se establecerá como un derecho universal, en combinación con otros apoyos. Además, se introducen nuevos servicios, como cuidados en viviendas compartidas y asistencia personal.
También se otorgan derechos más amplios a los usuarios, como la posibilidad de elegir sus servicios y la garantía de atención libre de sujeciones. Asimismo, se asegura que las prestaciones económicas continúen hasta el fin del mes del fallecimiento del beneficiario, en un reconocimiento al valioso trabajo de los cuidadores.
Mejora de la calidad de atención
La reforma busca dignificar las condiciones laborales de los trabajadores del sector, estimando la necesidad de incorporar 260.000 nuevos trabajadores para el año 2030. Además, se agilizarán los trámites para la revisión de Programas Individuales de Atención y se establecerá un procedimiento de urgencia para situaciones vulnerables.
Accesibilidad universal
Un aspecto central de esta reforma es el enfoque en la accesibilidad universal, desarrollado en el nuevo Artículo 49 de la Constitución Española. Se prevé un Programa Estatal para adecuaciones como rampas y tecnologías de apoyo, así como modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar ayudas a la accesibilidad en edificios. Las Juntas Arbitrales de Consumo también se enfocarán en mejorar el acceso universal a servicios públicos.
Con estas medidas, el Gobierno busca garantizar una atención integral y digna para las personas con discapacidad y en situación de dependencia, promoviendo su inclusión efectiva en la sociedad.
