El Gobierno de Castilla-La Mancha refuerza los controles sobre los altos cargos con la Ley de Integridad
El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado que la recién aprobada Ley de Integridad de Castilla-La Mancha refuerza los controles sobre los altos cargos de la Administración regional. Esta ley, que complementa a las de Transparencia y Participación aprobadas en legislaturas anteriores, tiene como objetivo cerrar la estructura jurídica en materia de integridad pública en la Comunidad Autónoma.
Durante su intervención en el Pleno de las Cortes, Martínez Guijarro resaltó que esta nueva ley sitúa a Castilla-La Mancha al nivel de las regiones más exigentes en esta materia. La normativa consta de 26 artículos y establece nuevas obligaciones para los altos cargos, como la presentación de una Declaración Responsable de no estar incurso en ninguna causa de incompatibilidad que pueda afectar a su dedicación exclusiva a la gestión pública.
Además, los miembros del Consejo de Gobierno deberán presentar una declaración de patrimonio en el momento de la convocatoria electoral, con el fin de verificar si ha habido un incremento irregular de su patrimonio durante su ejercicio en el cargo público. La ley también obliga a los altos cargos a abstenerse de tomar decisiones que favorezcan a empresas en las que estén involucrados familiares o personas que puedan influir en su decisión.
La Oficina de Integridad, dependiente de la Vicepresidencia Primera del Gobierno regional, jugará un papel fundamental en el cumplimiento de esta ley. Será responsable de realizar labores de control y vigilancia, así como de gestionar el Sistema Interno de Información para proteger a los informantes sobre posibles infracciones normativas y casos de corrupción.
Además, la norma contempla un sistema de prestaciones para los altos cargos, similar al establecido en la Administración General del Estado y otras comunidades autónomas. Esta prestación compensará las limitaciones de incompatibilidad para aquellos que ejercen la política en la región, y se extenderá también a los miembros de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Martínez Guijarro desmintió las afirmaciones del Grupo Parlamentario de Vox, quienes cifraron en 20 millones de euros el coste de esta medida. El vicepresidente explicó que más de la mitad de los altos cargos del Gobierno regional son funcionarios y tienen garantizado su puesto de trabajo, por lo que no tendrán derecho a la prestación por cese de actividad pensada para aquellos que cesen en sus funciones y no puedan reingresar en su puesto por causas ajenas a su voluntad.
Por último, Martínez Guijarro instó a la coherencia en la política, criticando a Vox por oponerse a la Ley de Integridad mientras ellos mismos perciben prestaciones por dedicación exclusiva en las Cortes y reciben subvenciones para gastos electorales a pesar de haber criticado estas ayudas en otras ocasiones.
