El Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo al participar activamente en la creación de un nuevo decreto diseñado para regular las Entidades Colaboradoras de la Administración. Este movimiento busca principalmente brindar apoyo técnico a las entidades locales, especialmente a aquellas de menor tamaño, asegurando que no se vea comprometido el principio de autoridad de la Administración pública.
El decreto, recién aprobado y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), integra un régimen jurídico innovador para estas entidades, desarrollando las previsiones de la Ley 4/2025 sobre Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa. Este nuevo marco legal permitirá la actuación de estas entidades colaboradoras en diversos campos como el urbanismo, la gestión forestal, la evaluación ambiental, la economía circular, el patrimonio cultural, los servicios sociales y el turismo.
Rafael Santiago, presidente de COSITAL Castilla-La Mancha, explicó que el objetivo principal es mejorar la capacidad técnica de las administraciones públicas mediante una colaboración efectiva con entidades especializadas, sobre todo en zonas rurales. Este sistema público-privado permitirá que las entidades colaboradoras ofrezcan apoyo técnico, optimizando procesos y mejorando la calidad técnica de los expedientes.
Las entidades colaboradoras se centrarán en elaborar informes, certificaciones y brindar asistencia técnica, sin sustituir las competencias de la Administración, que seguirá con el control y supervisión de los procesos. «No implica en ningún caso una renuncia al principio de autoridad por parte de la Administración. Estas entidades están aquí para colaborar, no para reemplazarnos», aclaró Santiago.
Aunque el urbanismo será la primera área regulada, el marco legislativo se ampliará posteriormente para incluir la gestión forestal, la calidad ambiental, y la economía circular, entre otros. Para COSITAL Castilla-La Mancha, esta normativa representa una oportunidad clave para potenciar la gestión de los ayuntamientos, especialmente los más pequeños que cuentan con estructuras administrativas más limitadas.
«Cualquier medida que refuerce la capacidad técnica de nuestros ayuntamientos es bienvenida. Lo crucial es que los municipios dispongan de más herramientas para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, manteniendo siempre las garantías, el control administrativo y la seguridad jurídica», concluyó Rafael Santiago.
