El desempleo aumenta en Castilla-La Mancha, con más de 2.200 empleos destruidos en administraciones públicas, educación y sanidad
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su preocupación por el reciente incremento del desempleo en Castilla-La Mancha, donde en enero se registró un aumento de 2.595 personas, elevando el total de desempleados a 130.361, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este incremento ha afectado a todas las provincias de la región y se relaciona con la disminución de la actividad en sectores como la hostelería y el comercio, que suelen experimentar un descenso tras la campaña navideña. En concreto, el sector Servicios perdió 2.793 empleos durante el mes.
Además, la situación se complica al considerar que, según la Seguridad Social, la región ha visto la pérdida de 2.246 afiliados en el Régimen General procedentes de las administraciones públicas y defensa (-1.403), educación (-394) y sanidad (-449). Esta última disminución es especialmente preocupante, teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha ha estado enfrentando altas tasas de infecciones respiratorias agudas que han desbordado los centros de Atención Primaria y los servicios de Urgencias hospitalarias. CSIF destaca que esta situación ha llevado al colapso de estos servicios y ha aumentado las listas de espera, además de intensificar el agotamiento laboral de los profesionales del sector.
Otro aspecto alarmante señalado por CSIF es la vulnerabilidad del empleo femenino en la región. Aproximadamente el 80% del empleo destruido en enero afectó a mujeres, con 2.091 mujeres más en el paro, representando el 65,5% del total de desempleados. La precariedad contractual también es significativa, ya que las mujeres representan el 59,4% de los contratos temporales, cifra que se eleva al 65% en el caso de contratos a tiempo parcial. En contraste, solo el 34,4% de los contratos indefinidos son firmados por mujeres.
Ante esta situación, CSIF ha solicitado la devolución de todas las subvenciones otorgadas por el Gobierno regional a los sindicatos CCOO y UGT, que suman más de 43,9 millones de euros desde 2014. La central sindical considera que este dinero debería ser redirigido para fortalecer los servicios públicos y proteger a los sectores más vulnerables del mercado laboral en Castilla-La Mancha.
