Notas de prensa

El Gobierno de Castilla-La Mancha confía en que las comunidades autónomas puedan disponer de más capacidad de gasto en 2019

Toledo, 15 de agosto de 2018.-  El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha adelantado hoy en Toledo que la próxima semana se celebrará una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para volver a debatir sobre los objetivos de déficit que fueron rechazados el pasado mes de julio en el Congreso de los Diputados por los grupos parlamentarios del Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de Podemos.
 
“El Gobierno va a llevar a las Cortes Generales de nuevo esos objetivos y previamente los tenemos que discutir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y como me han informado creo que el día 22 se celebrará este Consejo, para tratar este asunto otra vez”, ha indicado a los medios de comunicación antes de participar en los actos que se celebra en la Catedral Primada de Toledo con motivo de la Festividad de la Virgen del Sagrario.
 
A pregunta de los periodistas, Ruiz Molina ha explicado que espera que los partidos políticos que no apoyaron la nueva senda de estabilidad financiera que negoció el Gobierno de España con las autoridades europeas y que permitía elevar el objetivo de déficit de las comunidades autónomas del 0,1 al 0,3% en 2019 recapaciten, especialmente el Partido Popular, que votó en contra, y Podemos, que se abstuvo, ya que tienen representación parlamentaria en Castilla-La Mancha.
 
“De lo que se trata es de recapacitar y que nos dejen a las comunidades autónomas tener más capacidad de gasto para el presupuesto de 2019 porque es un gasto que lo vamos a realizar en servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales”, ha señalado el responsable regional.
 
En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado día 31 de julio, el consejero pidió “cordura, sensatez y seriedad” tanto al Partido Popular como a Podemos para que cambiasen el sentido de su voto que impidió que se aprobase en el Congreso de los Diputados la nueva senda del cumplimiento del objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas para 2019, que fue acordado por el Gobierno de España con las autoridades europeas y que suponía que el objetivo de déficit de ese año pasase del 0,1 al 0,3% del Producto Interior Bruto para las comunidades autónomas.