Notas de prensa

El Gobierno de Castilla-La Mancha presenta la Ley SUMA en las Cortes regionales en el inicio de su trámite parlamentario

Toledo, 5 de noviembre de 2020.-  El Gobierno regional ha presentado la Ley SUMA de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas en las Cortes de Castilla-La Mancha en el inicio de su trámite parlamentario.
 
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que ésta es “una ley para fomentar el crecimiento económico, especialmente el de municipios pequeños”; y por eso, “lo que plantea esta ley, de consenso, colaboración y de unión y de fortaleza como región, son las bases de un nuevo modelo de urbanismo, sobre las que vamos a seguir avanzando, hablando y consensuando en la futura LOTAU”.
 
Así, Hernando ha remarcado que “desde el Gobierno regional de Emiliano García-Page aceptamos el reto de establecer las nuevas bases de un nuevo modelo de urbanismo, y todo ello, teniendo siempre presente la igualdad de oportunidades, la inclusión o la cohesión, en definitiva, la humanización de la normativa que ha sido el ejercicio de todos los actores en esta ley”.
 
Asimismo, el consejero de Fomento ha hecho hincapié en que esta norma “suma y no resta”, enfatizando que éste es “un texto que produce ilusión, esperanza y una luz al final del túnel para muchos españoles”, porque “fabrica ventajas competitivas para seguir progresando” y ha agradecido la iniciativa encuadrada dentro del Pacto para la Recuperación de Castilla-La Mancha firmado entre el Ejecutivo regional, el PSOE y Ciudadanos.
 
La Ley SUMA contempla 60 innovaciones, “que han sido fruto del trabajo de muchas personas”, ha asegurado Hernando y ha explicado que “ésta tiene tres objetivos: dinamizar la economía gracias a una simplificación y agilización de trámites; incrementar la oferta de vivienda asequible y desbloquear o reactivar solares abanados; y abordar el reto demográfico y potenciar el desarrollo de pequeños municipios”.
 
Dinamización de la economía gracias a una simplificación y agilización de trámites
 
La Ley SUMA prevé la potenciación de la comunicación previa y la declaración responsable. De esta manera, se amplía su ámbito de aplicación a nuevos escenarios y contempla que el promotor de las actuaciones como obras menores, primeras ocupaciones e instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo podrá iniciarlas a partir del día siguiente y si no hay ningún inconveniente que se le comunique por parte de la administración.
 
Además, y en lo que respecta al nuevo régimen de autorización provisional, podrán autorizarse en el suelo rústico, en el urbanizable y en el urbano no consolidado sujeto a actuación urbanizadora, mediante licencia urbanística y previo informe favorable de las comisiones de Ordenación del Territorio y Urbanismo, usos u obras justificadas de carácter provisional y desmontables. Se pueden acoger a este tipo de autorizaciones actividades económicas como ferias o alojamientos para personal temporero, también pueden ser utilizados de manera temporal y esporádica para instalar mercados ambulantes o para desarrollar actividades de ocio, deportivas, recreativas, culturales, aparcamientos públicos y actividades empresariales cuando no lo prohíba el planeamiento.
 
Además, se introduce un bloque de medidas “para hacer que la región sea más atractiva para el sector industrial y logístico”, ha destacado el consejero. En este sentido, se plantea la posibilidad de innovar los programas de actuación urbanizadora, para abordar la adecuación a las necesidades y demandas que pueden sobrevenir durante su ejecución; también se innova la regulación de los aparcamientos exigidos en los polígonos industriales. En paralelo, se flexibiliza el régimen de las zonas verdes en polígonos industriales, para ello, se plantea también un diseño particularizado de cada actuación.
 
La ley también modifica la regulación de las reservas de suelo dotacional de los planes de delimitación de suelo urbano “que pasa de ser ‘café para todos’ a flexibilizarse y determinándose en función de las necesidades de la población”, ha asegurado Hernando.
 
Incremento de la oferta de vivienda asequible y desbloquear o reactivar solares abanados
 
La Ley SUMA plantea la potenciación de la vivienda asequible y prevé la posibilidad de reconversión de suelos o promociones que iban a ser destinadas a vivienda protegida para hacer vivienda libre más asequible siempre que no haya demanda de la protegida. Esto será posible siempre y cuando el propietario se comprometa a solicitar licencia urbanística de obras en el plazo máximo de doce meses para “reactivar promociones y solares sin construir, pero con las medidas necesarias para evitar que sea con un fin especulativo”, ha asegurado el consejero de Fomento.
 
Asimismo, se establece la posibilidad de eximirse de la obligación de reserva para construcción de vivienda protegida, a los municipios de más de 50.000 habitantes si en tres de los últimos cuatro años presentan disminución de su población o cuando hayan perdido población según el dato acumulado de los últimos seis años. Para los municipios con más de 5.000 habitantes y menos de 50.000 habitantes, la reserva responderá a la demanda del registro; y para los municipios de menos de 5.000 habitantes no será obligatorio realizar esta reserva de suelo para “evitar cortapisas al desarrollo de otra serie de actuaciones propias del ámbito rural”, tales como pueden ser las viviendas de carácter estacional y las turísticas.
 
Abordar el reto demográfico y potenciar el desarrollo de pequeños municipios
 
Para abordar el reto demográfico y potenciar el desarrollo de pequeños municipios, la Ley SUMA crea una nueva definición de núcleo rural tradicional, de tal manera que “resolvemos un vacío”, ha explicado Hernando.
 
Asimismo, la Ley SUMA modifica la fiscalidad existente, de tal manera que permite que los pequeños municipios ofrezcan una menor fiscalidad a proyectos inversores, y que los ingresos generados en los grandes proyectos urbanísticos de las zonas urbanas se puedan destinar a inversiones y programas de lucha contra la despoblación.
 
Por último, se toman medidas para “simplificar el urbanismo en nuestro medio rural que de cara a las posibles inversiones nuestras administraciones sean más agiles, independientemente de su tamaño”, ha destacado el consejero de Fomento. Por ese motivo, se habilita a los colegios profesionales junto con las diputaciones provinciales, para realizar los informes preceptivos para otorgar licencias urbanísticas, dando apoyo a los ayuntamientos. A su vez, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá colaborar en la redacción de instrumentos de planeamiento general que corresponden a los municipios.

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