El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su descontento con el Partido Popular y los gobiernos autonómicos liderados por dicho partido debido a su oposición a la eliminación de la deuda regional en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Durante una visita oficial a Nyíregyháza, en Hungría, García-Page criticó la postura del PP, calificándola de «el no por el no», incluso cuando esto perjudica sus propios intereses.
García-Page cuestionó la coherencia del PP, que históricamente ha abogado por la reducción de deudas y la responsabilidad fiscal, al oponerse ahora a la quita de la deuda. Destacó que las deudas limitan la capacidad de las administraciones autonómicas para proporcionar servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación.
El presidente de Castilla-La Mancha calificó de «absurdo» el enfoque adoptado por los gobiernos regionales del PP y les instó a actuar en función de las necesidades de sus propias regiones en lugar de seguir directrices externas. Afirmó que su postura es coherente y beneficiosa para todas las comunidades autónomas.
García-Page argumentó que la reforma de la financiación autonómica lleva un retraso de 11 años, lo que ha obligado a algunas regiones a endeudarse para mantener sus servicios esenciales debido a la falta de financiación por parte del Estado. Señaló que, aunque el Estado no otorga recursos de forma gratuita, ofrece compensaciones por el retraso en la financiación autonómica como parte de un esfuerzo por reducir la deuda acumulada.
Finalmente, García-Page mencionó que las compensaciones recibidas por Castilla-La Mancha son menores de lo esperado, indicando que su objetivo era eliminar una deuda superior a 6.500 millones de euros, acumulada durante la presidencia de María Dolores de Cospedal.
Este conflicto entre el presidente de Castilla-La Mancha y el Partido Popular refleja las diferencias en cuanto a la gestión de la deuda regional y la financiación autonómica, planteando un debate sobre las prioridades y responsabilidades de los gobiernos en relación con las necesidades de las comunidades autónomas.
