El expresidente del Gobierno español, Felipe González, y el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, han expresado su desacuerdo con el reciente pacto entre el PSOE y Junts que permite a la Generalitat de Cataluña asumir competencias en inmigración. González y García-Page afirman que estas competencias no son transferibles ni delegables, y que son exclusivas del Estado según la Constitución española.
El pacto ha generado críticas tanto de la oposición como de algunos socios parlamentarios del Gobierno. Podemos ha calificado el acuerdo de «racista» y ha anunciado su intención de votar en contra en el Congreso. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha defendido el acuerdo argumentando que se trata de una delegación y no de una cesión de competencias.
Esta controversia refleja el intenso debate político en España sobre el manejo de las competencias migratorias. La discrepancia interna respecto al acuerdo con Junts ha generado preocupación sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de Estado en materia de política migratoria junto a las comunidades autónomas.
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