Jueces y Fiscales Advierten en Ciudad Real sobre la Problemática del Acceso a la Pornografía entre Menores

En Ciudad Real se ha llevado a cabo una reunión crucial organizada por el Colegio de Abogados, en la que se abordó el alarmante impacto del consumo de pornografía entre menores. La problemática asociada a este fenómeno ha generado un preocupante aumento de comportamientos sexistas, violencia de género entre jóvenes y delitos contra la integridad sexual.

La jornada, titulada «Pornografía, violencia y deshumanización. Consecuencias de la exposición sexual de menores», contó con la participación de jueces, fiscales y abogados, así como con figuras destacadas como Cipriano Arteche, presidente del Colegio de Abogados; David Broceño, subdelegado del Gobierno de España en la provincia, y Blanca Fernández, delegada de la Junta en Ciudad Real.

Durante la reunión, Arteche enfatizó la gravedad del fenómeno y la necesidad de una intervención inmediata. Los jueces y fiscales presentes señalaron el preocupante vínculo entre el consumo de pornografía por parte de los jóvenes y el aumento de actitudes violentas, así como la cosificación de las mujeres. Se discutió sobre las medidas que el sistema judicial debe implementar para abordar esta problemática.

Por su parte, Broceño compartió cifras alarmantes, como que la mitad de los menores entre 12 y 15 años consumen pornografía y que uno de cada cuatro lo hace incluso antes de los 12 años. Destacó la necesidad de proteger a los menores en Internet y anunció que el Gobierno de España está trabajando en una ley de protección integral del menor.

Blanca Fernández expresó su preocupación por la facilidad de acceso de los menores a la pornografía, destacando que este problema no puede ser ignorado. Hizo hincapié en la importancia de educar a las familias y a los menores en sexualidad desde una perspectiva socioeducativa.

En conclusión, Fernández instó a las familias y a las instituciones a promover la igualdad y el respeto a través de una adecuada educación sexual y destacó el compromiso del Gobierno regional en la creación de recursos para la atención integral a víctimas de violencia sexual, buscando evitar la revictimización de las mujeres durante el proceso judicial.

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