La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, ha manifestado su preocupación por el incumplimiento del convenio de colaboración firmado en 2005 entre el Ayuntamiento, Minas de Almadén y Arrayanes SA (Mayasa), y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Jurado considera que este convenio es crucial para el desarrollo sostenible de Almadén y ha expresado la necesidad de una acción decidida por parte del Gobierno de España.
Desde que asumió el cargo, Jurado ha estado trabajando en este tema y ha lamentado que, 18 años después de la firma del convenio, aún no se haya cumplido. La alcaldesa ha realizado consultas al Gobierno de Pedro Sánchez, pero las respuestas no han sido satisfactorias. Ante esta situación, planea lanzar una campaña informativa para informar a los ciudadanos de Almadén sobre el tema y no descarta la posibilidad de recurrir a los tribunales si no se cumplen las demandas.
Además, las tensiones entre el Ayuntamiento y Mayasa han aumentado debido al debate sobre el uso público de caminos en la Dehesa de Castilseras, lo que ha generado un conflicto legal y costes adicionales para el municipio. A pesar de las dificultades administrativas y financieras del Ayuntamiento, Jurado se compromete a cumplir con su programa electoral y mejorar la situación del municipio.
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