Aprobada la Ley de Simplificación y Digitalización Administrativa en Castilla-La Mancha
El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado recientemente la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, obteniendo el respaldo del PSOE y el Partido Popular, mientras que Vox ha manifestado su rechazo a la iniciativa. Presentada por el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, la ley tiene como objetivo modernizar y acercar la Administración regional a los ciudadanos.
Estructura de la Ley
La nueva normativa se compone de seis títulos, 71 artículos y varias disposiciones adicionales y finales. Está organizada en tres bloques principales:
Simplificación Administrativa: Este bloque busca reducir los plazos de los procedimientos administrativos y armonizar informes. Incluye novedades como el establecimiento del silencio estimatorio y la creación de unidades administrativas de apoyo.
Entidades Colaboradoras: Se introducen entidades colaboradoras, que son personas jurídicas autorizadas a realizar funciones de informe y certificación. No obstante, Martínez Guijarro ha enfatizado que estas entidades no podrán ejercer autoridad, garantizando así que no se supla el trabajo de los empleados públicos.
- Administración Digital: El uso de herramientas tecnológicas como la Inteligencia Artificial se destaca en este bloque, prometiendo brindar mayor seguridad jurídica y una administración más confiada en los ciudadanos, aunque con las garantías necesarias.
Reacciones y Críticas
El consenso entre PSOE y PP ha sido elogiado por los socialistas, quienes critican la postura de Vox. Ángel Tomás Godoy, del PSOE, argumenta que la nueva ley responde tanto a las necesidades de la ciudadanía como del sector empresarial, promoviendo una administración más ágil.
En contraste, Luis Juan Blázquez, portavoz de Vox, ha criticado la ley, calificándola de “maquillaje legislativo” que no representa una verdadera simplificación ni modernización. Además, ha propuesto una auditoría para evaluar la eficacia administrativa.
Por su parte, Santiago Serrano, diputado del Grupo Popular, ha enfatizado que su apoyo a la legislación no equivale a un cheque en blanco. Destacó la inclusión de los ayuntamientos en su aplicación y defendió que las entidades colaboradoras son un complemento, no un reemplazo de los empleados públicos.
Este avance legislativo promete transformar la interacción de los ciudadanos con la administración pública, aunque las críticas y preocupaciones persisten.
