Notas de prensa

La Delegación española del Comité de las Regiones, presidido por Castilla-La Mancha, exige establecer fórmulas transitorias que garanticen el libre comercio

Madrid, 24 de mayo de 2017.- El Ministerio de la Presidencia y Administraciones Públicas ha acogido este miércoles una reunión del pleno de la Conferencia de Asuntos relacionados con la UE en el que se ha acordado, entre otras cuestiones, establecer fórmulas transitorias que garanticen el libre comercio. Así lo ha indicado esta tarde, en declaraciones a los medios, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha asistido en representación de Castilla-La Mancha a la reunión de este Comité, que está siendo presidido por nuestra comunidad autónoma y cuya finalidad es acometer un análisis sectorial del impacto del Brexit.
 
“Hemos de impedir el establecimiento de obstáculos tanto arancelarios como no arancelarios, administrativos o burocráticos en el desarrollo de las relaciones comerciales, y que se sigan aplicando los estándares europeos actuales”, ha dicho la consejera, y se ha mostrado tajante al aseverar que “las comunidades autónomas deben ser permanentemente informadas por el Gobierno del proceso de la negociación, en el marco de los mecanismos orgánicos de cooperación interadministrativa establecidos, especialmente por medio de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea”.
 
En este contexto la responsable regional de Economía ha indicado que una de las grandes preocupaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha son los jóvenes. “Uno de los objetivos del presidente García-Page es el retorno del talento y tenemos que garantizar que los que están allí puedan volver y los que se quieran marchar puedan hacerlo en igualdad de condiciones”, ha manifestado.
 
“Para avalar la movilidad futura, hemos de garantizar el mantenimiento de equivalencias y el reconocimiento de formaciones académicas y profesionales, así como la no instauración de restricciones en el ámbito laboral ni en la movilidad de estudiantes e investigadores”, ha aseverado Patricia Franco, añadiendo que se trata de garantizar derechos de los ciudadanos de la UE, residentes en el Reino Unido y viceversa, en especial en relación con la libre circulación de personas.
 
Tras analizar el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en sectores como el de los servicios, el industrial, el financiero, los intercambios comerciales, el turismo, la agricultura, la sanidad, la educación, el sector pesquero, el mercado inmobiliario, la situación de los ciudadanos, de los trabajadores y de los servicios sociales, se ha llegado a puntos en común como la conveniencia de que exista un único equipo negociador por parte de la UE, con el fin de fortalecer la posición negociadora, y que siempre que sea necesario y jurídicamente viable, en las negociaciones, tratar de determinar fórmulas transitorias.
 
Del mismo modo, se ha plasmado la necesidad de que el nuevo Marco Financiero Plurianual mantenga unas asignaciones suficientes para las diversas políticas comunes agrícola, regional, I+D, la energía o las infraestructuras y el fondo marítimo y de pesca. Por ello, las comunidades autónomas apoyan la posición del Consejo y el Parlamento Europeo en relación con la necesidad de que el Reino Unido cumpla con los compromisos financieros.
 
“Es necesario que el Comité de las Regiones sea informado permanentemente del proceso de negociación” ha apuntado Franco, que también ha indicado que debe realizar el seguimiento de las negociaciones.
 
Por último, se ha hablado de la importancia de garantizar la política de cohesión y que se preste especial atención a las regiones europeas que se pudieran ver afectadas como consecuencia del efecto estadístico que se producirá con la salida de Reino Unido, al verse reducidos los fondos europeos de la política de cohesión. Asimismo, se ha acordado establecer medidas específicas para paliar la afección que la retirada del Reino Unido pudiera conllevar en zonas con fuertes relaciones de dependencia económica con el mismo.