Los trabajadores del 112 de Castilla-La Mancha se manifiestan en Toledo contra la externalización del servicio
En Toledo, la plantilla del 112 de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo una concentración para exigir que el servicio de atención a la ciudadanía deje de estar externalizado y pase a ser gestionado por un organismo público. Decenas de trabajadores se reunieron frente a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para denunciar que la externalización ha deteriorado las condiciones laborales y afectado negativamente la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.
La presidenta del comité de empresa del 112, Nazaré Rodríguez, destacó que la principal demanda de la movilización es la «gestión pública» del servicio. Rodríguez argumentó que es esencial que la Junta de Castilla-La Mancha asuma el control del 112 en lugar de delegarlo en empresas orientadas a generar beneficios. Actualmente, el servicio está gestionado por la empresa Serveo, que ganó la adjudicación mediante una subasta inversa en 2022, con un presupuesto que es un millón y medio de euros inferior al del contrato anterior.
A pesar de estas limitaciones, Rodríguez subrayó que los trabajadores han mantenido un alto nivel de servicio, valorado con un 9 por los ciudadanos en las encuestas. Sin embargo, resaltó que esta valoración ha sido utilizada por la Junta para sacar pecho sobre su gestión, a pesar de las críticas internas hacia la misma.
Angelines Vega Gómez, trabajadora de sala y miembro del comité de empresa, expresó que la plantilla cuenta con alrededor de 75 personas en sala y un total aproximado de 204 en toda la región, un número que considera insuficiente, especialmente en jornadas de alto volumen de trabajo. Vega Gómez mencionó que en fechas como el 31 de diciembre, apenas seis trabajadores se encargaron del servicio en toda Castilla-La Mancha.
La plantilla ha realizado múltiples intentos para alertar a la Administración regional sobre la «insostenible» situación del personal. Han propuesto la subrogación del mismo y la adscripción del servicio a una entidad pública. Recordó que el pasado 12 de noviembre entregaron una carta con sus demandas al presidente autonómico, Emiliano García-Page, durante un acto público, pero calificó la respuesta obtenida como «hiriente».
Debido a la falta de acción por parte de las autoridades, las representantes sindicales han afirmado que seguirán organizando movilizaciones para exigir la recuperación del servicio como gestión pública. Aunque les gustaría convocar una huelga, reconocieron las dificultades derivadas de la necesidad de mantener el servicio al 100%. Vega Gómez concluyó asegurando que si es necesario, continuarán concentrándose para lograr su objetivo.