Más de 13.000 Alegaciones Contra el Plan de Biogás y Biometano en Castilla-La Mancha
Un total de 13.288 alegaciones han sido presentadas ante la Consejería de Desarrollo Sostenible al Plan Regional de Biometanización 2024-2030. Estas alegaciones han surgido principalmente de plataformas vecinales que se oponen a la construcción de macroplantas de biogás y macrogranjas. El periodo para presentar alegaciones, que inició el 18 de junio con la apertura de la consulta pública de la Evaluación Ambiental Estratégica, concluyó la semana pasada.
El plan propone entre 113 y 280 instalaciones de biogás-biometano en toda la región. Según datos de la Junta de Castilla-La Mancha, actualmente hay más de 50 proyectos de biogás y biometano en tramitación en las cinco provincias, lo que ha generado la creación de aproximadamente 20 colectivos vecinales que critican este modelo industrial. Estos grupos argumentan que el enfoque favorece los intereses económicos de las empresas del sector a expensas de los impactos ambientales y la salud pública de las comunidades cercanas.
Además, se ha suscitado controversia sobre la adjudicación directa del estudio ambiental a Biovic Consulting, una empresa que desarrolla plantas de biogás, generando desconfianza entre los opositores. La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad también ha cuestionado varios aspectos del plan, señalando la falta de referencias a riesgos sanitarios, como la contaminación de acuíferos y la emisión de gases nocivos.
Las plataformas vecinales critican la tendencia del plan a establecer plantas de gran tamaño, lo que, según ellos, intensificará los desequilibrios territoriales y no contribuirá a la descarbonización ni creará empleo significativo en zonas rurales. Con un tamaño promedio superior a las 150.000 toneladas, muchas instalaciones alcanzarían incluso entre 200.000 y 300.000 toneladas, cifras que consideran excesivas y diseñadas para beneficiar a grandes energéticas y fondos de inversión, muy por encima de lo habitual en países como Alemania.
También expresan preocupación por el posible efecto llamada para más macrogranjas y los inconvenientes que podrían experimentar las comunidades vecinas, aludiendo a incidentes en la planta de Lluxent en Valencia, donde la población ha protestado por malos olores y otros problemas.
Finalmente, critican la falta de transparencia y la relación entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y la industria del biogás, así como la ausencia de un enfoque adecuado hacia las repercusiones sanitarias.
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