Protocolo aprobado para proteger a las mujeres empleadas de la Junta que sufren violencia de género

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un nuevo protocolo para reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género en la Administración Pública. Este protocolo, que entrará en vigor mañana 30 de julio, está destinado al personal funcionario y laboral de la Junta de Comunidades.

Castilla-La Mancha se convierte en una de las únicas comunidades autónomas, junto con Galicia, en implementar un protocolo especializado para proteger a las empleadas públicas víctimas de violencia de género. A diferencia de otras instituciones que cuentan con protocolos más generales, este nuevo protocolo aborda la cuestión de forma específica e integral.

El protocolo unifica todas las medidas de prevención y protección puestas en marcha por el Gobierno regional, detallando actuaciones en materia de permisos, reducciones de jornada, conciliación de la vida laboral y familiar, teletrabajo, movilidad interna e interadministrativa, gestión de personal, promoción interna y acceso al centro de trabajo, entre otros.

Una novedad destacada es la creación de una plataforma electrónica para que las empleadas públicas víctimas de violencia de género puedan acceder a todas las medidas de protección de forma sencilla y confidencial. Esta plataforma centralizará la gestión de trámites relacionados con la situación laboral de las usuarias.

El protocolo cuenta con el respaldo de la mesa sectorial de funcionarios y la comisión negociadora laboral, e incorpora un catálogo de derechos laborales actualizados en el ámbito del empleo público. Además, se ha elaborado y publicado una guía sectorial con información detallada sobre estos derechos.

En resumen, el Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral, garantizando una atención integral y especializada para este colectivo vulnerable. La creación de este protocolo y plataforma demuestran el compromiso de la Administración regional con la igualdad y la erradicación de la violencia de género en todos los ámbitos de la sociedad.

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