La Ministra de Vivienda Lamenta la Falta de Colaboración en la Regulación de Pisos Turísticos Ilegales
En una reciente entrevista en ‘Antena 3’, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha expresado su preocupación por la escasa cooperación de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos en la aplicación de normativas diseñadas para combatir los pisos turísticos ilegales. Rodríguez enfocó su crítica en Andalucía, donde las nuevas regulaciones para la vivienda de corta duración están siendo desafiadas a través de recursos legales.
La ministra apuntó que, a pesar de que esta regulación podría impactar a las plataformas del sector, éstas no han interpuesto recursos contra la medida. Al mismo tiempo, Rodríguez destacó que Andalucía, bajo el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, es la comunidad que alberga el mayor número de viviendas turísticas ilegales en todo el país.
Asimismo, criticó la gestión de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, por supuestamente favorecer la ilegalidad en este sector. Según Rodríguez, el 83% de las viviendas inscritas en el nuevo Registro Único de Alquileres en Madrid se han catalogado como vivienda temporal, un dato que contrasta con el promedio nacional del 78% para alojamientos turísticos.
Rodríguez también mencionó que el principal partido de la oposición, el PP, parece no captar la gravedad de los cambios en el mercado de alquiler, un problema que también ha sido reconocido por la presidenta de la Comisión Europea. En este contexto, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado a las plataformas digitales sobre 53,876 pisos turísticos ilegales, instando a la eliminación de anuncios que no se ajusten a la legislación vigente desde el 1 de julio.
Desde el 1 de enero, el Registro Único de Alojamientos Temporales ha recibido 336,497 solicitudes, de las cuales 264,998 (78,75%) son alquileres turísticos, y 53,786 han sido canceladas, representando un 20,3%. Rodríguez concluyó su intervención enfatizando que cada piso turístico ilegal implica una familia desplazada y dificulta la emancipación de los jóvenes, haciendo un llamado a la colaboración de todas las administraciones para abordar este problema.
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