Técnicos y responsables de los servicios sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real y de la Junta de Comunidades se han reunido por tercera vez con la Fiscalía para establecer protocolos de actuación ante la nueva regulación de las medidas de apoyo a la discapacidad. En esta reunión, a la que han asistido la concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, y la teniente fiscal Carmen Mendiola, se han ultimado los procedimientos de actuación de las administraciones con el objetivo de brindar una respuesta más rápida y efectiva a las personas que necesitan este tipo de ayuda.
Galisteo ha destacado la importancia de una respuesta administrativa ágil, ya que en la capital hay alrededor de 700 expedientes de personas que requieren asistencia. Ambas partes han valorado muy positivamente el progreso logrado en las reuniones anteriores, destacando la eficacia y la coordinación alcanzadas.
La nueva ley, que entró en vigor en septiembre pasado, otorga un papel fundamental a los profesionales especializados en ámbitos social y sanitario en la tramitación y asistencia de personas con discapacidad o dependencia. Esta colaboración entre diferentes entidades busca agilizar los procedimientos administrativos y mejorar la calidad del servicio prestado a los ciudadanos que lo necesitan.
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