El Pleno de la Corporación Municipal ha dado los primeros pasos para que Puertollano cuente con una ordenanza de convivencia con su aprobación inicial al objeto de disponer de una herramienta de 143 artículos que contribuya al buen convivir de los puertollanenses. “Vivir o habitar con otro u otros en el mismo lugar. Aprender a vivir en paz”, indicó la concejala de seguridad ciudadana, Ana Belén Mazarro.
Un
documento con el que atender a la demanda ciudadana como compromiso del equipo
de gobierno, dijo Mazarro, que tiene
como objeto ofrecer un importante recurso para ayudar a entender, respetar y
preservar el espacio público como un lugar de encuentro, “porque convivir es
aumentar las alegrías y disminuir las asperezas de la vida en común, porque
convivir es que las personas pueden desarrollar su libertad con pleno respeto a
la dignidad y a los derechos de los demás”.
Corresponsabilizar la
convivencia
Una
reglamentación con la que se busca realizar un ejercicio de
corresponsabilización con la ciudadanía de Puertollano, fundamentada en la
autoridad, pero sobre todo en la confianza, “consiguiendo así una herramienta
útil y capaz de equilibrar las normas básicas de convivencia, con el fin de
prevenir los conflictos de la vida cotidiana, buscar soluciones rápidas y
efectivas para intervenir contra las actuaciones poco adecuadas, incívicas o
ilícitas que suponen un detrimento en la calidad de vida de la ciudadanía”.
143 artículos
La nueva ordenanza cuenta con 143 artículos que recogen y regulan derechos y obligaciones, conductas y el uso del espacio público, así como de los elementos e instalaciones que lo integran; regulación de actos públicos, consumo de alcohol, mendicidad, limpieza, ruidos, pirotecnia, recogida de residuos y materiales, ofrecimiento de servicios sexuales, acoso callejero y la colaboración ciudadana a través de los agentes de las brigadas cívicas.
El documento recoge sanciones leves que supondrán multas desde 90 a 750 euros, sanciones graves con multa desde 750,01 a 1.500 euros y muy graves que serán sancionadas con multa de 1.500,01 hasta 3.000 euros. Una de las novedades, adelantó Mazarro, es que no tendrá un afán recaudatorio sino que se priorizará la pedagogía y se ofrecerá la alternativa de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
“Es
necesario disponer de una normativa en forma de ordenanza que defina las
conductas no apropiadas que degradan la ciudad y deterioran la calidad de vida
de los vecinos y las vecinas, en definitiva, se altera la paz social”.
Un documento desde la participación
Una
ordenanza, ha subrayado Mazarro, que
es fruto de la participación ciudadana a través de sugerencias, propuestas y
aportaciones ciudadanas, reuniones con diecinueve colectivos, asociaciones,
entidades representantes de la ciudad, y de los jóvenes, así como con técnicos
de siete departamentos municipales, la implicación de los grupos municipales y la
colaboración de la concejalía de igualdad en trabajar desde la perspectiva de
género y utilizar un lenguaje inclusivo.
50.000 euros de productividad Covid
La Corporación Municipal ha acordado incorporar el criterio de exposición directa al covid-19 al programa de productividad aprobado por el Pleno de 2 de noviembre de 2017, por prestar su servicio en la calle y aumento del riesgo de contagio al desarrollar tareas en contacto con personas altamente vulnerables y en instalaciones particularmente sensibles a la propagación de la enfermedad, durante el periodo de 16 de marzo a 30 abril de 2020.
También
se ha dado el visto bueno al incremento en 50.000 euros de este programa de productividad
para la retribución, conforme a la distribución y asignación individual que se
realice por decreto de Alcaldía.
Desestimado el recurso de
Greterika
El
Pleno ha desestimado el recuerdo interpuesto por Greterika Equipamientos SL
contra el acuerdo adoptado en la sesión plenaria del 30 de Julio de 2020, en la
que se ejercían las oportunas acciones legales y administrativas en materia de
desahucio administrativo, por ocupación material de la nave 2 del antiguo
Vivero de Empresas, al no existir título legal ni contractual que lo justifique,
encontrándose dicha empresa en situación de precarista.
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