El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado de manera
inicial la ordenanza municipal reguladora del estacionamiento y pernocta de
autocaravanas, campers y caravanas en el municipio de Puertollano, ante la
próxima apertura del aparcamiento de autocaravanas que la Diputación Provincial
ha construido en la Dehesa Boyal.
El concejal de promoción económica, Félix Calle, argumentó que era necesaria una regulación, ya que en
los últimos años el turismo itinerante o autocaravanismo ha experimentado un
crecimiento muy significativo y la actual regulación normativa sectorial no es
suficiente para responde de manera adecuada a los problemas que plantea esta
actividad para todos aquellos usuarios, administraciones públicas y ciudadanos
en general.
Según Calle es necesario
llenar el vacío legal que existe de esta actividad en Puertollano para
conseguir una mayor seguridad jurídica y establecer mayores garantías para los
propios autocaravanistas, promotores y gestores de áreas de servicio y
estacionamiento, bien sea de titularidad pública o privada, para los gestores
de los servicios municipales (policía, hacienda, obras y licencias, etc.) y ciudadanos.
Además pretende fomentar el desarrollo económico del
municipio, de manera especial con la promoción de espacios de uso público para
autocaravanas, como yacimiento turístico y fuente de riqueza.
En la actual normativa, dijo Calle esta actividad concurren ámbitos competenciales que conlleva
la necesidad de conciliarse. Mientras el Estado tiene la competencia exclusiva
sobre tráfico y circulación de vehículos a motor, que se traslada a los municipios cuando se
trata de regular el estacionamiento de autocaravanas.
Una ordenanza que se someterá a información pública y
audiencia a los interesados por el plazo de 30 días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias, mediante publicación de este acuerdo en el portal
web del Ayuntamiento, en el Tablón de Edictos y en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Se recabará de manera directa la opinión de las
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a
las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vean afectados por la
iniciativa reglamentaria y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
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